¿Sigues esperando a cobrar?

En los asuntos que llevamos, la espera rara vez es casual. Las entidades públicas retrasan el pago porque los incentivos para hacerlo son fuertes: los presupuestos son políticos, la ejecución es lenta y los acreedores acaban aceptando menos antes que pelear durante años. Desde fuera parece fricción administrativa. Dentro de una empresa es daño de tesorería, a veces fatal.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha resuelto repetidamente que una espera indefinida no es neutra. En asuntos contra varios Estados del Consejo de Europa ha considerado que un retraso superior a un año tras una sentencia firme favorable al acreedor empieza a plantear problemas desde la óptica del artículo 6 § 1. Pasados tres años, se vuelve sistemático. El Tribunal ha sido explícito: un Estado no puede excusar el impago invocando sus propias dificultades presupuestarias.

Para los acreedores, esta línea jurisprudencial reformula el problema. Lo que parece paciencia es, jurídicamente, una vulneración que se está tolerando. Agotados los recursos internos, la vía del Convenio queda abierta, y el Estado queda advertido desde el momento en que se presenta la demanda. En muchos de los asuntos que hemos llevado el pago llegó antes de que el propio Tribunal se pronunciara. No es suerte: es la estructura de incentivos de Estrasburgo.

Si tu organización está dentro de una espera de varios años, no des por hecho que el tiempo juega a tu favor. Juega a favor del Estado. El camino para mover el expediente pasa por el Tribunal que trata la inejecución como la vulneración que es.