Cuando la ejecución pasó a formar parte del proceso

Dos ciudadanos británicos querían abrir una escuela de inglés en Rodas. La Administración griega les denegó la licencia. Impugnaron la denegación y el Consejo de Estado la anuló. La sentencia era firme y vinculante, y la Administración no hizo nada. No recurrió, no se opuso en juicio: sencillamente no la aplicó.

Con el razonamiento disponible hasta entonces, no era evidente que se tratara de un problema de proceso equitativo. Los demandantes habían sido oídos por un tribunal independiente en un plazo razonable y habían ganado. El artículo 6 § 1, leído en sentido estricto, se había respetado por completo. Solo faltaba el resultado.

El Tribunal rechazó la lectura restrictiva. Declaró que el derecho de acceso a un tribunal sería ilusorio si un ordenamiento interno permitiera que una resolución judicial firme y vinculante quedara inoperante en perjuicio de una de las partes. La ejecución de una sentencia, concluyó, debe considerarse parte integrante del «proceso» a efectos del artículo 6.

Ese solo paso convirtió una garantía procesal en una garantía de resultado. Un Estado ya no puede separar la sentencia que ha perdido del pago que debe y tratar como cuestión de derechos únicamente la primera. El asunto es Hornsby c. Grecia, demanda n.º 18357/91, sentencia de 19 de marzo de 1997.

• La vulneración es el propio retraso

  No hace falta probar mala fe, discriminación ni un vicio procesal. Una sentencia firme sin ejecutar contra una entidad pública es, por sí sola, lo que el Tribunal examina.

• La falta de fondos no es una defensa

  El Tribunal se ha negado de forma constante a aceptar las dificultades presupuestarias como justificación del impago de una deuda reconocida en sentencia. Es un argumento que funciona en vía interna mucho más que en Estrasburgo.

• La obligación recae sobre todo el Estado

  Un ayuntamiento, un hospital público, una sociedad pública bajo control efectivo: el Convenio no permite que un Estado se subdivida en partes solventes e insolventes para escapar de sus propios tribunales.

No convierte al Tribunal en una instancia de recobro. Cuando el deudor es un particular, el Estado responde únicamente del aparato ejecutivo que pone a disposición, no de la deuda: un asunto bastante más difícil, que se juega en si las autoridades adoptaron las diligencias razonables a su alcance.

Tampoco elimina ningún requisito de admisibilidad. El agotamiento de los recursos internos y el plazo se aplican exactamente igual que antes. El criterio dice cuál es la vulneración; no dice que estés a tiempo de alegarla.

Cuando estudiamos un expediente, la primera pregunta es esta: ¿existe una resolución interna firme y el deudor es el Estado o una emanación suya? Si ambas respuestas son sí, el asunto tiene estructura. Todo lo demás —el quantum, la queja patrimonial al amparo del Protocolo n.º 1, el plazo— se construye sobre ella.