El papel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la recuperación de créditos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no nació como instancia de recobro y no se comporta como tal. Las demandas sobre litigios mercantiles corrientes entre particulares quedan fuera de su jurisdicción. Pero cuando el deudor es el propio Estado —o una entidad cuyo impago el Estado tolera— el análisis cambia radicalmente. Lo que era un contrato pasa a ser un asunto de derechos.

El mecanismo es el Convenio, y en particular dos de sus disposiciones. El artículo 6 § 1 garantiza el derecho a un proceso equitativo, y el Tribunal sostiene desde hace tiempo que ese derecho se extiende a la ejecución efectiva de las sentencias. El artículo 1 del Protocolo n.º 1 protege el disfrute pacífico de los bienes, y un crédito ejecutivo frente a una entidad estatal es un bien. Cuando ambos entran en juego, el Estado responde no del contrato subyacente sino del fallo de su propio sistema de justicia.

Esa combinación —inejecución al amparo del artículo 6 más la propiedad del Protocolo n.º 1— es la columna vertebral de todas las demandas que ONRIGHTS presenta en nombre de acreedores empresariales. Reformula el problema: tu organización no persigue una factura, defiende un derecho del Convenio. Los Estados reaccionan de otra manera a ese planteamiento. El Comité de Ministros, que supervisa la ejecución de las sentencias del TEDH, dispone de herramientas que ningún agente ejecutivo nacional puede igualar.

El recorrido no es rápido. El agotamiento de los recursos internos es obligatorio, la pendencia en Estrasburgo es larga y cada asunto debe superar la admisibilidad por sus propios hechos. Lo que el recorrido ofrece es firmeza. Cuando el Tribunal condena a un Estado por inejecución, esa sentencia es vinculante en derecho internacional y genera una presión política y reputacional que el sistema interno no puede producir por sí solo.